REPCO

Azahara Ortiz se calza las botas y pisa el campo con firmeza, como si llevara media vida esperando a hacerlo. Hacen falta ganas para empezar el entrenamiento de fútbol ya entrada la noche, en un frío día de febrero pasado por agua. Llueve en el barrio de Vallecas, al sur de Madrid, pero eso no frena a Azahara y sus compañeras. “¡Vamos chicas, a correr para calentar!”, les animan los entrenadores dando palmas. Como cada martes y jueves, el equipo femenino Puerto de Vallekas practica jugadas, regates y tiros a puerta de cara al próximo partido y repasa lo que puede mejorar del anterior. Ese fue el primero en el que Azahara no se quedó en el banquillo.

La joven, natural de la ciudad de Algeciras, en Cádiz, jugó como una más aquel partido por primera vez desde que llegó al equipo. Hasta ahora solo participaba en los entrenamientos porque no podía competir al no estar federada. No podía porque aún no había cambiado el sexo masculino que figuraba en su Documento Nacional de Identidad (DNI) por el que siempre ha sentido que le corresponde: el de mujer. Con 29 años recién cumplidos, Azahara por fin se reconoce en el trozo de plástico que cuenta quién es. Un trámite clave para muchas personas trans, que ahora ya no están obligadas a declararse enfermas para que el Estado español admita oficialmente su sexo legal.

Así lo consagró la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que fue sancionada por el Rey el 28 de febrero de hace un año y solo unos días después entró en vigor. Aunque la norma despliega un amplio abanico de medidas, todos los ojos están puestos en la autodeterminación de género, una demanda histórica de la comunidad trans.

El texto ha convertido a España en uno de los 16 países del mundo que cuentan con un proceso de reconocimiento legal del género basado en este principio. Son Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Suiza, Portugal, Malta, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Esto significa que en estos lugares las personas trans pueden modificar sus documentos oficiales sin cumplir con los requisitos médicos que suelen pedir la mayoría de Estados: desde someterse a intervenciones quirúrgicas, hormonales o de esterilización hasta cumplir con pruebas o diagnósticos psiquiátricos.

Desde 2007 ya había una ley en España que permitía la modificación del sexo legal en los documentos, pero esta exigía unas condiciones médicas consideradas “patologizantes” por las organizaciones LGTBI y de derechos humanos: la persona debía contar con un informe psiquiátrico que les diagnosticara disforia de género y haberse sometido a un mínimo de dos años de hormonación. La nueva norma, por el contrario, elimina estos requisitos y permite el cambio en base únicamente “a la voluntad libremente manifestada” de la persona.

Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo.

Azahara Ortiz

Aunque a día de hoy Azahara ya cumpliría estas condiciones, no lo hacía cuando la Ley Trans fue una realidad. Por eso, con el nombre ya cambiado gracias a una instrucción de 2018 del Ministerio de Justicia, dejó pasar un par de días e hizo lo propio con el sexo legal. La solicitud debe tramitarse ante el Registro Civil, que cita a la persona a dos comparecencias separadas por tres meses en las que muestre su “disconformidad” con el género asignado al nacer. “Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo. La verdad es que tuve mucha suerte y en julio ya tenía la documentación en regla”, explica la joven.

En ese momento, y aunque para federarse ha tenido que esperar a la temporada actual, ya llevaba algunos meses entrenando con Puerto de Vallekas. “Casualidades de la vida, la Ley Trans entró en vigor el 3 de marzo de 2023 y justo ese día fue el primero que empecé con el equipo”, dice orgullosa. “Me dijeron que no había problema en que no pudiera jugar los partidos y que había otras dos chicas trans, así que yo, que nunca he estado en un equipo de nada, me decidí a venir. El primer día iba con un poco de miedo al pensar 'yo no soy alguien que tenga que estar aquí', pero la acogida de ellas fue tremenda”, recuerda sobre sus compañeras.

La ley que parecía que no sería

191 votos a favor, 60 en contra y 61 abstenciones. Es el resultado de la votación con la que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la conocida popularmente como Ley Trans. Aquella no fue una sesión cualquiera. La norma llegaba a su último escalón dejando tras de sí una fractura sin precedentes en el movimiento feminista y en el Gobierno de coalición. El meollo fue precisamente la libre determinación de género, que para un sector del feminismo y algunas voces dentro del PSOE, que también se partió en dos, limita y pone en peligro los derechos de las mujeres cis –que no son trans–.

“Hubo varios momentos en los que la ley estuvo en peligro y pensamos que no saldría”, resume la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ Uge Sangil. El papel de los colectivos, que prácticamente funcionaron de mediadores entre las dos alas del Gobierno, fue clave para desbloquear la norma. Finalmente, la versión legislativa que defendía el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos), acabó imponiéndose. Hoy el balance es positivo: “Ha ampliado derechos, no solo a las personas trans, a todo el colectivo LGTBI+. Si hablamos de la rectificación legal, es un paso de gigante para reconocer a las personas tal y como son y nos sitúa a la cabeza a nivel internacional”.

Así lo destaca la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), que señala “una mejora significativa” de la posición de España en su ranking de derechos LGTBI –en 2023 escaló seis puestos hasta el cuarto lugar– gracias “a las amplias protecciones” para el colectivo de la nueva legislación, esgrime Cianan Russell, portavoz de ILGA-Europa. Organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Comisión Europea llevan tiempo reclamando procesos basados en la autodeterminación y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó en 2018 de considerar la transexualidad una enfermedad, pero el conflicto no se ha cerrado y tiene ecos a nivel global.

La disputa ha llegado incluso a Naciones Unidas, donde los distintos expertos independientes muestran posiciones contrarias. Contra la ley española se ha posicionado la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, que tras su aprobación afirmó: “Los países deben reflexionar sobre si alguien con un sexo biológico masculino, una vez adquirido su certificado de género femenino, debe poder acceder a todos los programas y categorías pensados para mujeres biológicas”. Por contra, otros nueve expertos firmaron una carta en la que aseguraban que la Ley Trans “elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana”.

Lucía Sobral recuerda el día que inició el trámite como una jornada "de burocracia", pero señala como importante el momento en el que tuvo el DNI en sus manos: "Pone Lucía Sobral, mujer y lleva una foto con la que estoy cómoda".

El conflicto no fue solo un debate de ideas, o no en todos los casos. Había quien tenía dudas sobre la norma y echó en falta más pedagogía para explicarla, pero las propias personas trans han visto también cómo su identidad era puesta en duda de forma virulenta, muy especialmente en redes sociales: “Yo en la vida real no he tenido ninguna situación violenta hasta el momento, esperemos que siga así, pero al final sufres violencia en redes. Me ha pasado de poner tuits que no tienen nada que ver con el tema y venga gente a insultarme por ser trans. Eso afecta, evidentemente”, esgrime Azahara.

Más allá de su caso particular, la joven celebra que la Ley Trans “acoja la diversidad” del colectivo. “No todo el mundo tiene la misma realidad, yo sí estoy en tratamiento hormonal porque así lo he decidido, pero hay gente que no quiere pasar por eso y no hace que sean menos válida o menos persona trans. Al final, yo supe por mi cuenta que era una persona trans, nadie me lo tuvo que decir. Es algo que sabes, puedes tener dudas, puedes tener que reflexionarlo mucho y explorarte, pero es algo que solo vas a saber tú y nadie externo puede decirte si lo eres o no”.

Comparte su opinión Lucía Sobral, que ha intentado “mantenerse al margen” de lo que define como “una ola de odio” a las personas que son como ella silenciando en X (antes Twitter) “todas las palabras relacionadas”. Hace un año su fotografía apareció en varios medios de comunicación: la Ley Trans acababa de entrar en vigor y esta estudiante canaria era la primera persona en pedir el cambio de sexo legal en Madrid. Aquello lo recuerda ahora como “un día de burocracia, nada más, como si me fuera a cambiar el padrón” y como parte de un proceso más amplio de cambio de todos sus documentos que le ha llevado tres años. El momento que sí señala como importante fue en agosto de 2023, cuando por fin pudo tener su DNI: “Pone Lucía Sobral, mujer, y lleva una foto con la que estoy cómoda”.

El juez que frena los fraudes

Aunque aún no hay datos oficiales sobre cuántos cambios de sexo legal se han hecho en España un año después de la aprobación de la ley, los procedimientos han transcurrido, en general, con normalidad. Algunas personas se enfrentan a “retrasos” en los trámites debido al colapso de las oficinas de los registros civiles, pero “no ha habido una avalancha de hombres cambiándose el sexo para entrar en espacios de mujeres, y sí personas trans que han ejercido su derecho”, esgrime Sangil sobre la alerta que hacen algunos sectores feministas. “Los casos que han trascendido mediáticamente no demuestran que la ley tiene fallos, sino que hay quienes la utilizan para ponerla en duda”.

El juez Matías Martínez, que ha denegado seis peticiones por fraude, asegura que algunos le han confesado que "directamente no se sienten mujeres" y otros traen el discurso "más construido", pero "a nada que preguntes, se les cae".

Sí ha habido algunos hombres que han pretendido hacer un uso de la Ley Trans contrario a su objetivo, como el sargento que buscaba un ascenso militar, y también jueces que han bloqueado peticiones por atisbar fraude de ley. Es el caso de Matías Martínez, magistrado de Bartolomé de Tirajana, un municipio al sur de Gran Canaria, que desde la entrada en vigor de la norma ha frenado seis peticiones de rectificación registral al apreciar “intenciones espurias” de los solicitantes: “Los solicitantes que incurren en fraude hacen sus peticiones en otros registros porque saben que yo se lo voy a denegar”, asegura.

Para este juez, el fraude de hombres que buscan beneficiarse de medidas de discriminación positiva que existen para garantizar la igualdad “es evidente” y lo identifica “teniendo en cuenta un conjunto de elementos” que le llevan a valorar “si el sentimiento es real o no”. Con algunos el proceso es muy breve. Directamente le confiesan que “no se sienten mujeres”, otros traen un discurso “un poco más construido”, pero “a nada que uno pregunte un poco, se les cae”. Martínez recela de quienes mantienen un nombre masculino, aunque esto no le basta para denegar el cambio, tampoco se fija en el físico de la persona y cuenta con una batería de preguntas que “de forma inexorable” le permiten llegar a la conclusión “analizando caso por caso y respetando siempre la dignidad de la persona”.

Compañeros de profesión le piden que comparta las cuestiones que pone sobre la mesa en las comparecencias y aunque Martínez atiende sus dudas, cree que el redactado de pautas le corresponde a las instituciones, en concreto al Ministerio de Justicia. El juez considera que “estaba clarísimo” que la norma “iba a traer consecuencias como estas”, pero la valora positivamente. Cree que los requisitos médicos que se exigían antes “eran una injerencia” en la vida de las personas trans, pero piensa que los magistrados deben contar con más mecanismos para identificar el fraude “al igual que hay unos criterios claros con otros temas como pueden ser los matrimonios de conveniencia”, ejemplifica.

El camino por recorrer

Al igual que Azahara y Lucía, Edel Granda tampoco tardó mucho en acudir al Registro Civil Único de Madrid a solicitar el cambio “por miedo a que la norma fuera eliminada por la ultraderecha”. El riesgo de que el Partido Popular y Vox gobernaran España tras las elecciones de junio hizo temer a las personas LGTBI que la ley podía ser derogada, algo que prometieron ambos partidos, pero finalmente el Gobierno de coalición se reeditó. El texto sigue en vigor y la amenaza ha mermado, pero no se ha diluido por completo pues la derecha continúa poniéndola en la diana y cargando contra todo lo que suene a derechos LGTBI.

Aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley

Mar Cambrollé — Presidenta de la Federación Plataforma Trans

Aunque Edel buscaba la tranquilidad de tener la documentación cambiada, al mismo tiempo la modificación le hizo sentir un punto de rabia al verse invisibilizado como chico trans. “He luchado en espacios precisamente porque soy trans y no tengo los mismos privilegios que un hombre cis”, acentúa este investigador de 28 años. Su principal motivación fue “evitar situaciones incómodas en el médico o en la administración porque constaba como mujer”, por ejemplo, en la universidad, donde aparecía como profesora o investigadora. Sin embargo, tiene miedo a que figurar con sexo masculino acabe pisoteando su derecho a la salud, algo que ya le ha pasado con algún profesional de ginecología, que le ha llegado a decir que “si me identificaba como hombre no tenía sentido que estuviera allí”.

Las organizaciones LGTBI y trans saben que aún queda camino por recorrer. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, cree que el nuevo modelo “ha devuelto la dignidad” a las personas trans, pero reconoce que el Ministerio de Igualdad, encabezado ahora por la socialista Ana Redondo, tiene trabajo por delante: aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley, enumera.

Cambrollé considera clave que ahora el texto “se implemente de manera efectiva” y reclama que, lejos de dar pasos atrás, se amplíe con las cuestiones que para los colectivos LGTBI quedaron pendientes: Plataforma Trans es uno de los grupos que demanda el reconocimiento de las personas no binarias y el acceso de menores trans por debajo de los 12 años al proceso de rectificación registral.

Tras el debate, la realidad

Detrás de los procesos administrativos, la documentación, la burocracia o los debates sobre las normas, hay personas que, con trayectorias vitales diferentes, solo buscan ser reconocidas tal y como son en una sociedad que ha hablado mucho de ellas pero pocas veces se ha acercado a conocerlas. Así lo siente Azahara, que ha encontrado un “espacio seguro” en Puerto de Vallekas, un equipo autogestionado que no solo juega al fútbol, también teje alianzas con otros colectivos sociales del barrio. “Es complicado. A las personas trans nos han metido el temor de que no podemos jugar con normalidad o vamos a destacar y al final, en realidad, yo soy una jugadora de rotación en una liga provincial, estoy aquí para pasar el rato”.

La joven define su proceso de aceptación como mujer trans como un periodo “muy largo”. Al principio, en la adolescencia, “no tenía claro lo que pasaba” y cuando empezó a entenderlo, comenzó entonces el “bloqueo”. “Lo sabía pero pensaba que no era algo posible, siempre decía que lo haría 'de mayor', ese era mi anhelo, y en realidad ha sido un poco así. Cuando decidí dar el paso y vivir públicamente como Azahara había pasado la mitad de mi vida sabiéndolo”, esgrime la gaditana, que cree que “la posibilidad de tener referentes” le hubiera ahorrado una buena dosis de sufrimiento.

He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra.

Azahara Ortiz

Ahora, orgullosa de quien es, pelea por que el resto de la sociedad “entienda” las realidades trans. “He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra. Esa es la normalidad que creo que hay que transmitir porque hay mucho estigma, pero al final somos personas normales haciendo cosas normales, personas que, como cualquier otra, hacemos nuestra vida, tenemos nuestras aficiones, nuestros trabajos, hacemos deporte o tocamos un instrumento y por una circunstancia de la vida hemos terminado no identificándonos con el género asignado al nacer”, reflexiona.

Ese derecho a ser es algo que también reivindica Lucía. La estudiante suspira pensando en el cansancio acumulado de los trámites de los últimos años, que por fin le han llevado a ser reconocida oficialmente por el Estado: “Me siento ciudadana, tengo todos los papeles en orden y siento que puedo ser algo más que trans. Tener una vida tranquila y ser anodina y aburrida”, concluye.

Vídeo elaborado por Javier Cáceres, Rocío Bermejo y Nando Ochando.