REPCO

La presión se hace notar. La creciente criminalización de activistas climáticos en España ya ejerce un efecto disuasorio en algunas organizaciones tras los arrestos policiales que achacan delitos como el de organización criminal: “Sí, hay muchas compañeras que se han asustado y se han alejado”, resumen para elDiario.es en Futuro Vegetal, unos días después de cerrarse una operación que ha detenido a 22 activistas de este colectivo.

Hace poco, en agosto de 2023, el relator de la ONU para la protección de los Derechos Humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, advertía del “potencial efecto que la severidad de las sentencias puede tener sobre la sociedad civil y los activistas”. Se refería al encarcelamiento de dos personas en Reino Unido por descolgarse de un puente con una pancarta que decía: “Just Stop Oil”.

Después de la acción policial contra Futuro Vegetal –que comenzó en diciembre de 2023 y culminó el pasado 12 de enero– “tenemos claro que a nivel jurídico es una barbaridad, pero está teniendo el efecto negativo de que hay personas que se han desvinculado del colectivo”, relata uno de los detenidos, Bilbo Basterra. Con todo, prosigue, “a las reuniones semanales sigue acudiendo más gente nueva, con lo cual sí que es cierto que se nota la represión, pero no está consiguiendo acabar con nosotras”.

La subida del pistón se activó cuando el movimiento para exigir medidas más decididas a la hora de atajar la crisis climática subió un peldaño. Un momento de inflexión se vivió en octubre de 2022 cuando dos activistas de Just Stop Oil lanzaron un bote de sopa contra el cristal protector de Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Unos días después, dos activistas de Futuro Vegetal pegaron sus manos al marco de Las majas de Goya en el Museo del Prado. Ellas son dos de las personas incluidas en la operación de arrestos que la Policía desgranó el pasado viernes.

Ya en ese momento el analista Will Potter –que ha estudiado el paralelismo entre la persecución de animalistas y la caza de comunistas en EEUU en la década de los 50– aventuraba a elDiario.es: “No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas por las protestas o se les describiera como terrorismo”. La Policía, de momento, ha incluido el delito de organización criminal en los atestados de las detenciones de miembros de Futuro Vegetal.

El aumento de la presión “nos ha impactado a la hora de poder elegir acciones más disruptivas y también para encontrar activistas dispuestos a hacer estas acciones”, explica el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Se persigue desmovilizar a los que ya están concienciados, pero también lanzar un aviso a navegantes para que otros nos se movilicen”.

Nos ha impactado a la hora de poder elegir acciones más disruptivas y para encontrar activistas dispuestos a hacer estas acciones. Se persigue desmovilizar a los que ya están concienciados, pero también lanzar un aviso a navegantes

Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

Greenpeace tiene un largo historial de acciones. Entre ellas destaca la de un grupo de activistas que penetraron en el perímetro y escalaron por la chimenea de la central nuclear de Cofrentes en 2011. Fueron absueltos en 2014. “Esta nueva situación nos obliga a detraer recursos para defendernos de procesos judiciales y, claro, a nivel personal, incrementa el miedo. Si se acumulan procesos penales, eso obliga a algunas personas a salir de escena y replegarse para evitar acabar en prisión por acumulación. De hecho, en Greenpeace hemos pactado ya con algunos activistas que no participen en determinadas protestas que, en principio, no deberían conllevar mucho riesgo, pero que ahora sí lo tienen”.

“Es duro, aunque sea algo que esperaba desde hace tiempo”, cuenta Basterra. “Estamos pasando unos procesos emocionales muy difíciles. Vivir con miedo al estar en la calle y ver un coche de policía con temor a que vayan a detenernos”, abunda el activista, que añade que todo esto “está haciendo que haya compañeras con cuadros depresivos o ataques de ansiedad”.

Las multas de la ley 'mordaza'

La Fiscalía analizó en su última memoria anual que grupos como Futuro Vegetal están realizando “acciones de mayor calado que, al contrario de las anteriores, ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía”. “Acciones como las llevadas a cabo en diferentes museos, no han sido bien acogidas, siendo numerosas las críticas recibidas”, señala el texto. Los fiscales prevén que “las acciones continúen, incluso se incrementen, al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.

Raboso subraya que, “aunque tenga menos dimensión mediática, las multas que todavía supone la ley mordaza deterioran la capacidad de las organizaciones para ejercer las protestas. Se ha ido aprendiendo a usar esta ley de manera que las sanciones son mayores”.

Mientras los 15 activistas de Rebelión Científica que arrojaron agua tintada de remolacha a la fachada del Congreso siguen pendientes de si se les abre juicio oral y los miembros de Futuro Vegetal esperan que un juez abra un proceso tras las detenciones policiales, Bilbo Basterra confiesa haber tenido “pesadillas y episodios de depresión, sobre todo por la desconfianza que han sembrado dentro del colectivo”. Con todo, asegura: “Esto nos reafirma en que lo que hacemos cumple nuestros objetivos de llamar la atención de las altas instituciones y llegar a un público al que normalmente no se llega. Al final es una prueba de que tenemos esa capacidad”, zanja.